El informe muestra además que seis de cada diez uruguayos ubican a la delincuencia, el narcotráfico y la violencia entre los problemas más urgentes, por encima incluso del desempleo y la situación económica.

La suba en la preocupación ocurre en momentos en que el oficialismo intenta instalar un discurso de “acuerdo nacional” para enfrentar el delito, mientras desde la oposición denuncian improvisación, ausencia de liderazgo político y un plan de seguridad sin medidas contundentes.

Las críticas también apuntan al ministro del Interior, Carlos Negro, quien debió defender su gestión ante el Parlamento luego de una serie de homicidios y episodios violentos que conmocionaron al país. Aunque el gobierno destacó una baja interanual de homicidios del 9,2 por ciento durante el primer trimestre, dirigentes opositores consideran que los resultados son insuficientes frente al avance de la criminalidad y la sensación de inseguridad cotidiana.

En paralelo, distintos sectores políticos comenzaron a endurecer su discurso. Desde el Partido Colorado y el Partido Nacional insisten en que la administración frenteamplista “llega tarde” con sus respuestas y reclaman mayores recursos para combatir al narcotráfico y reforzar la presencia policial en zonas críticas.

El problema de la inseguridad, además, arrastra años de deterioro estructural. Informes y encuestas muestran que desde hace más de una década la preocupación por el delito ocupa los primeros lugares en la agenda pública uruguaya, con especial impacto en Montevideo y las zonas metropolitanas.

Mientras tanto, el gobierno apuesta a la elaboración de un nuevo Plan Nacional de Seguridad Pública con eje en políticas preventivas, diálogo social y reformas institucionales. Sin embargo, los resultados todavía no logran traducirse en una mejora de la percepción ciudadana y la inseguridad comienza a transformarse en uno de los principales flancos políticos para la gestión de Orsi.