Desde el sindicato aseguran que el Ejecutivo ha mostrado preocupación por la situación, pero consideran que esa inquietud no se traduce en acciones concretas. El presidente del Supra, Álvaro Reinaldo, llegó a afirmar que al Gobierno "le falta firmeza" para exigir a la empresa un mayor compromiso en la negociación y facilitar una salida al conflicto.

Las diferencias entre las partes giran en torno a la estabilidad laboral, la implementación del sistema tecnológico Navis N4 y las condiciones de trabajo en la terminal. Los trabajadores sostienen que la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas podría reducir la necesidad de personal y reclaman garantías sobre el mantenimiento de los puestos de trabajo.

La prolongación del conflicto ya comenzó a encender alarmas en distintos sectores económicos. Empresarios y dirigentes políticos advirtieron sobre las pérdidas que genera la paralización de la actividad y el daño que puede provocar en la imagen internacional de Uruguay como plataforma logística y comercial. Incluso, el propio gobierno no descartó en otras instancias declarar la esencialidad de los servicios portuarios si la situación continúa agravándose.

Para la administración de Orsi, el conflicto representa un desafío de envergadura. El puerto es uno de los principales motores del comercio exterior uruguayo y cualquier interrupción prolongada impacta directamente sobre exportadores, importadores y la cadena productiva en general.

Mientras el Ejecutivo intenta mantener abiertas las instancias de diálogo, la falta de acuerdos y las críticas de los trabajadores comienzan a instalar la percepción de que el Gobierno aún no encuentra una estrategia clara para desactivar una crisis que amenaza con seguir profundizándose y que pone en cuestión su capacidad de conducción en un sector clave para la economía del país.