Desde la oposición también comenzaron a multiplicarse las críticas. Dirigentes políticos y referentes empresariales reclamaron incluso la declaración de esencialidad de la actividad portuaria ante una situación que ya acumula decenas de jornadas afectadas por medidas sindicales desde la llegada de Orsi al poder. Según datos difundidos en los últimos días, la cantidad de paros registrados durante la actual gestión supera ampliamente el promedio observado durante el período anterior.

El conflicto tiene como epicentro a la Terminal Cuenca del Plata (TCP), donde continúan las negociaciones por un nuevo convenio colectivo y persisten diferencias entre la empresa y el sindicato respecto a salarios, jornales garantizados y compensaciones económicas. Mientras tanto, exportadores, importadores y operadores logísticos observan con preocupación cómo la incertidumbre comienza a erosionar la competitividad del principal puerto del país.

Para el sector privado, el problema ya dejó de ser exclusivamente laboral y pasó a convertirse en un asunto económico de alcance nacional. La pregunta que sobrevuela en Montevideo es cada vez más incómoda para el gobierno: cuánto tiempo más puede Uruguay permitirse tener su principal puerta al comercio internacional funcionando a media máquina sin que eso termine golpeando el crecimiento, las inversiones y el empleo.