La situación genera preocupación en distintos sectores económicos, que advierten que los altos costos energéticos terminan trasladándose a precios, tarifas y servicios, afectando la competitividad de las empresas uruguayas frente a sus competidores regionales. El problema se vuelve todavía más evidente en las zonas fronterizas, donde muchos consumidores optan por cruzar hacia Argentina o Brasil para abastecerse a precios considerablemente menores.

Las críticas también apuntan al Gobierno de Orsi por la ausencia de medidas concretas para aliviar la carga sobre consumidores y sectores productivos. Pese a que durante la campaña electoral el Frente Amplio prometió revisar la estructura de costos y avanzar hacia una mayor eficiencia en la política energética, los precios continúan ubicándose entre los más elevados de América del Sur.

Desde la oposición sostienen que la administración frenteamplista quedó atrapada entre la necesidad de sostener la recaudación estatal y la imposibilidad política de impulsar una reducción significativa en los combustibles. El resultado es un escenario en el que los hogares pagan más por movilizarse y las empresas enfrentan mayores costos operativos en un contexto regional cada vez más competitivo.

Mientras el Gobierno insiste en que los precios responden a variables internacionales y a la estructura del mercado local, crece el malestar entre consumidores y empresarios que consideran que Uruguay perdió una nueva oportunidad para acercar sus costos energéticos a los estándares regionales y mejorar las condiciones para producir, invertir y consumir dentro del país.