El texto debería incluir "la composición" de las sustancias inyectables, enumerar "los beneficios que conlleva la vacuna (...) así como los riesgos que tenga" debe aclarar que la sustancia a inyectar "tiene solo autorización de emergencia y no definitiva" y debe detallar "los efectos adversos ya detectados".

El magistrado había convocado a las autoridades y a la farmacéutica Pfizer, cuya vacuna es la que se aplica a menores en Uruguay, para exigir información detallada de las inmunizaciones administradas durante la pandemia y de los contratos firmados.

El Gobierno había alertado horas atrás que la demanda no estaba bien formulada, porque no incluía un reclamo concreto para que se suspenda la inoculación pediátrica.

Sin embargo, Recarey le dio la derecha al demandante y no al Gobierno asegurando que “si bien es cierto que en la formulación literal del petitorio contenido en la demanda no figura la pretensión, esta sí está claramente plasmada” en el espíritu de la solicitud.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) va a "acatar" y "apelar" el fallo, aseguró el subsecretario del Ministerio, José Luis Satdjian.

Al respecto, el Ministerio de Salud Pública reitera que “cada una de las decisiones tomadas respecto a la vacunación del Plan Nacional de Coronavirus fueron basadas en la evidencia científica disponible, amparadas en idoneidad, experiencia y trayectoria de los integrantes de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, el grupo ad-hoc, el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) y la comunidad científica, quienes determinaron con base en múltiples estudios que las vacunas administradas son seguras y efectivas", indicó la cartera en un comunicado.