Durante la sesión del 13 de diciembre en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, el diputado Nicolás Viera (FA) cuestionó al canciller sobre el acuerdo salarial, al cual calificó como "escandaloso", alertando sobre su realización "en año electoral" y señalando cláusulas restrictivas al final del contrato, que imponen al sindicato el compromiso de no realizar declaraciones, no discutir el tema y abstenerse de movilizarse.

El ministro respondió que el gobierno no tenía conocimiento de dicha negociación sindical, considerándola como un "preacuerdo o un acta tentativa". Paganini expresó que se evaluaría su impacto y explorarían alternativas, pero destacó que el acuerdo no estaba alineado con las pautas salariales gubernamentales y afectaba a cargos bien remunerados.

La reacción dejó satisfecho a Viera, quien destacó que "la sinceridad demostrada por el ministro" no es algo común y resaltó que "esto habla positivamente de él, no solo en su rol como jerarca, sino también como persona".

Seis días más tarde, el 19 de diciembre, el presidente de la CTM de Salto Grande, Martín Burutarán (de la delegación uruguaya), junto con el secretario, Luis Benedetto (de Argentina), tomaron la decisión de anular la resolución 270/23 fechada el 5 de diciembre de 2023.

Al justificar esta resolución, la CTM citó una comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay que informaba sobre gestiones para revocar el acuerdo salarial suscrito entre la delegación uruguaya y la Mesa Coordinadora de Trabajadores de la CTM, cuya vigencia estaba programada del 1 de enero de 2024 al 31 de marzo de 2025.

Acciones
En la comisión, el canciller reveló que el acuerdo abarca a 250 empleados del sector uruguayo de la comisión binacional, entre los cuales se incluyen algunos señalados por la Cámara de Representantes por ingresar directamente por cuota política, especialmente 10 ediles del Partido Nacional (PN).

Durante la reunión de la comisión, el diputado Juan Martín Rodríguez (PN) expresó su sorpresa por el acuerdo, mientras que Iván Posada, del Partido Independiente, calificó los aumentos salariales como "un hecho grave".

Ante las críticas de legisladores tanto de la oposición como del oficialismo, Paganini intervino y se revocó el acuerdo.

La respuesta del gremio se plasmó en una carta entregada el 8 de enero a la CTM. En la misiva, se denunció la resolución del 19 de diciembre. Se expresó la esperanza de que "la situación denunciada sea resuelta en el plenario" de la CTM, programado para el 17 del presente mes, y se advirtió: "En caso contrario, nos declararemos de inmediato en asamblea permanente e iniciaremos las medidas que nuestros afiliados consideren apropiadas".

Acuerdos Laborales

Dos meses antes de la formalización del pacto, el 3 de octubre, el entonces canciller Francisco Bustillo fue sometido a interpelación por el Frente Amplio en la Cámara de Diputados. Durante esa comparecencia, la cámara baja demandó la dimisión de la delegación uruguaya en la CTM de Salto Grande y la terminación de los nombramientos directos y "discrecionales" de todos los funcionarios a partir del 23 de abril de 2020.

En diciembre, el canciller Paganini informó en comisión sobre la finalización de empleos, destacando la "necesidad de una auditoría externa de gestión", una solicitud adicional de la Cámara de Diputados. Justificó la retención de los delegados de Uruguay en sus cargos, a pesar de la solicitud de renuncias de la cámara baja, argumentando que "la responsabilidad política ya fue asumida por el expresidente de la delegación, el doctor Carlos Albisu (quien renunció en septiembre de 2023)".

Aseguró que con la nueva dirección encabezada por el presidente Martín Burutarán y el respaldo del nuevo marco legal propuesto por el Ejecutivo (un proyecto de ley aprobado por el Senado), se evitarán problemas similares en la gestión de la comisión. Paganini afirmó: "Entendemos que lo realizado con respecto a la delegación es adecuado. Por supuesto, mantendremos un seguimiento riguroso de lo que ocurra allí y actuaremos si surgen desviaciones".

El 13 de diciembre, el ministro proporcionó una actualización sobre los avances en la terminación de contratos de aquellos empleados ingresados por designación directa, señalando la complejidad del asunto debido a la naturaleza del vínculo laboral. Informó que hasta el momento se habían resuelto 23 situaciones de un total de 35, ya sea por acuerdo mutuo o en conformidad con la normativa vigente. Paganini detalló las 23 "soluciones alcanzadas", destacando que siete personas ya no eran empleados, cuatro de ellos por renuncia definitiva y tres porque sus contratos expiraron y no fueron renovados. Además, mencionó un caso de jubilación prevista para marzo de 2025. Explicó que las 15 personas restantes aceptaron voluntariamente renunciar a su condición de empleados permanentes y pasar a contratos anuales renovables.

El ministro aclaró que estos contratos se firmaron en noviembre y contienen una cláusula que permite a la CTM, de manera unilateral y en cualquier momento, poner fin al vínculo contractual según su voluntad. Sin embargo, quedaban 12 situaciones pendientes que involucraban a personal permanente. Aunque en algunos casos se presentaron renuncias voluntarias y se aceptó la condición de pasar a disposición, la delegación argentina no lo aprobó argumentando su importancia en áreas comunes de la Comisión Técnica Mixta.

En esa instancia, el canciller prometió "continuar evaluando la situación" y presentó dos propuestas para el proyecto de ley que no fueron incorporadas en la versión aprobada por el Senado.

Respuesta del Gremio

La Asociación de Trabajadores del Uruguay en Salto Grande manifestó en su comunicado que mediante el decreto 7/023, el gobierno uruguayo implementó un aumento salarial del 8,35 por ciento para sus empleados, sin embargo, la CTM, mediante la resolución CTM 001/23, estableció un incremento menor, del 6,16 porcentual. En virtud de esto, demanda que se realice una recalculación retroactiva a enero de 2023.