A pesar de los intentos del gobierno de Luis Lacalle Pou por destacar los niveles más bajos de inflación desde 2005 como un logro, la realidad económica sigue generando cuestionamientos. Críticos apuntan que esta supuesta estabilidad inflacionaria ha sido lograda a expensas de medidas que favorecen a los sectores más acomodados, mientras se descuida la inversión en políticas sociales y se mantiene una precarización del empleo.

El Banco Central del Uruguay (BCU) decidió en diciembre incrementar en 25 puntos base la Tasa de Política Monetaria (TPM), llevándola al 8,75 por ciento. Según el organismo, este ajuste busca que la inflación y las expectativas converjan al 4,5 por ciento anual en 24 meses. Sin embargo, esta política ha sido cuestionada por expertos que señalan que el enfoque restrictivo monetario podría frenar aún más la actividad económica y profundizar las desigualdades.

Aunque el gobierno insiste en que la baja inflación es uno de sus principales logros, diversos sectores sociales han señalado que este "éxito" no se refleja en una mejora real en la calidad de vida de la mayoría de los uruguayos. Mientras tanto, las proyecciones de los analistas del BCU, que anticipaban una inflación de 5,37 por ciento para 2024, dejan claro que los desafíos económicos persisten, y las respuestas del gobierno han sido insuficientes para garantizar una recuperación sostenible e inclusiva.