“No se sabe si tuvo conocimiento o no de esta investigación; se agotaron todas las medidas para que fuera reservado, pero bueno, todos sabemos, quienes estamos en estos temas, que a veces no alcanzan los esfuerzos para que la situación se logre”, dijo Fossati.

“La Fiscalía entiende que Astesiano, si bien no es un funcionario público, según lo informado por Presidencia de la República”, está en “un lugar privilegiado” dado que “era el mano derecha, nada más y nada menos que del presidente de la Nación”, explicó.

Astesiano fue llevado a la Unidad Nº 19 del Instituto Nacional de Reahbilitación (INR) ubicado en Florida, por “razones de seguridad”, según se detalló desde el Ministerio del Interior.

“Claramente, si no fuera sometido a prisión preventiva tendría todas las facilidades para entorpecer la investigación y frustrar el buen desarrollo de la misma, afectando bienes jurídicos muy prioritarios y de gran valor jurídico para el Estado”, aseguró Fosatti.

El excustodio está imputado por asociación para delinquir, tráfico de influencias y delito continuado de suposición de estado civil en calidad de coautor, a pedido de Fiscalía.

El escribano, junto a un ciudadano ruso de iniciales A. S., también fueron imputados por operar junto a Astesiano en el mecanismo por el que se adulteraban partidas rusas originales, inscribiendo como hijos naturales de ciudadanos uruguayos a nacionales rusos.

Medios montevideanos publicaron detalles de las maniobras que se hacían con personas fallecidas, de quienes se copiaban datos para falsificar partidas de nacimientos de ciudadanos rusos que permitieran gestionar pasaportes. Los rusos aparecían entonces como nacidos en Uruguay de padres uruguayos.

La alerta surgió desde Identificación Civil, que detectó partidas de nacimiento falsificadas (algunas de manera muy burda), y tras una revisión de varios meses se detectaron 60 partidas de nacimiento falsas.

El opositor Frente Amplio (FA), en tanto, analiza qué acción legislativa llevar a cabo para conocer más detalles sobre el caso. Una traba es que a las autoridades de la Presidencia no se las puede convocar al Congreso salvo por invitación, que pueden rechazar.

Por otro lado, Lacalle Pou pidió al Ministerio del Interior una investigación para saber por qué los antecedentes de Astesiano -que estuvo preso- no estaban completos cuando pidió informes sobre él en 2020 y 2021. El excustodio tuvo también una condena en 2014 por el alquiler de viviendas “truchas” en Punta del Este.