Uno de los removidos es el Subdirector de la Policía , Jorge Berriel, que está imputado por haber extraído información del sistema de inteligencia publica y en declaraciones a la fiscalía afirmó que todo era "por pedido del presidente".

Los audios conocidos del caso muestran como el ex jefe de seguridad de Lacalle Pou pedía favores a los jerarcas policiales para archivar los antecedentes personales y lograr colaboración para utilizar el sistema de vigilancia para espiar y monitorear los movimientos de los opositores.

Esto pasó con la supuesta utilización de la inteligencia uruguaya para conseguir información de dos senadores que denunciaron corrupción en la privatización del puerto de Montevideo o en la vigilancia al presidente de la principal Central Sindical luego de un paro general, con la participación activa del secretario privado del Jefe de Estado, Nicolás Martínez.

En términos políticos, los ojos están puestos en la responsabilidad de la presidencia y el ministerio del Interior, quienes se han dedicado a relativizar los hechos. Lacalle Pou dijo en las últimas horas que "no hay nada que lo involucre con las acusaciones contra Astesiano" y acusó a los medios de comunicación a quien la atribuyó intencionalidad política. Eso le valió un comunicado de rebudio del Consejo Directivo Central de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU).

A pesar de las explosivas declaraciones de los policías removidos, tanto Luis Lacalle Pou como su ministro del Interior, Luis Alberto Heber, explicaron que los cambios se deben a un "refresh" de la gestión.