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Preocupación

Inseguridad en alza: el avance del crimen organizado expone las debilidades del Gobierno

Los últimos datos del Índice Global de Crimen Organizado encendieron luces rojas incluso dentro del propio Ministerio del Interior. (Dibujo: NOVA)

Las señales de alerta ya no pueden disimularse con discursos ni anuncios: el avance del crimen organizado en Uruguay empieza a mostrar un deterioro sostenido que pone en cuestión la estrategia de seguridad del gobierno de Yamandú Orsi. Los últimos datos del Índice Global de Crimen Organizado encendieron luces rojas incluso dentro del propio Ministerio del Interior.

Según el informe elaborado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, Uruguay registró en 2025 un puntaje de 3,57, ubicándose entre los más bajos de la región en términos relativos. Sin embargo, el dato verdaderamente preocupante es la tendencia: el indicador viene en aumento desde 2021 y creció de forma sostenida en los últimos años, reflejando un avance concreto de las redes criminales.

El deterioro no es abstracto. El estudio señala una expansión del tráfico de armas, un incremento de la presencia de actores criminales extranjeros y mayores presiones en mercados ilegales como la cocaína, las drogas sintéticas e incluso actividades como la pesca ilegal. En otras palabras, Uruguay ya no aparece solo como un país de tránsito, sino como un territorio cada vez más permeable a dinámicas complejas del crimen organizado.

A esto se suma otro elemento inquietante: la caída en los niveles de resiliencia institucional frente a estas amenazas. Aunque el país aún conserva cierta fortaleza comparativa, los indicadores muestran un retroceso que pone en duda la capacidad del Estado para contener el fenómeno en el mediano plazo.

El contraste con el discurso oficial es evidente. Mientras el gobierno insiste en impulsar acuerdos nacionales y planes de seguridad a largo plazo, la realidad parece ir por otro carril. Las propuestas, como la creación de un Ministerio de Justicia o la revisión del sistema penal, aún se encuentran en etapas preliminares o sujetas a dilaciones, sin impacto inmediato en la calle.

Incluso cuando desde el oficialismo se destacan descensos en algunos delitos, los propios jerarcas admiten que los avances son insuficientes y que queda “mucho por hacer”. Esta admisión refuerza la percepción de una gestión que, más allá de ciertos indicadores puntuales, no logra revertir las tendencias estructurales que alimentan la inseguridad.

El problema de fondo parece ser la falta de una respuesta integral y contundente frente a un fenómeno cada vez más sofisticado. El crimen organizado no solo crece, sino que se diversifica, se internacionaliza y gana terreno en sectores donde antes tenía menor incidencia. Frente a eso, la reacción estatal luce fragmentada y, en muchos casos, tardía.

Así, el gobierno de Orsi enfrenta un desafío que ya no admite diagnósticos tibios. Porque cuando los indicadores empeoran de forma sostenida, la discusión deja de ser técnica y pasa a ser política. Y en ese terreno, los resultados —por ahora— están lejos de acompañar las promesas.

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