En paralelo, y ante requerimientos fundados, se analizan caminos para avanzar y profundizar la investigación mediante pedidos de información ampliada, cooperación con otras jurisdicciones y derivaciones según corresponda por materia.

El sistema dejó atrás la lógica de ventanitas informales y unificó la relación con la prensa en la División de Comunicación Institucional y el Servicio de Información al Público: toda consulta se registra con medio, fecha, tema y funcionario interviniente, garantizando trazabilidad y reduciendo el margen para presiones u operaciones cruzadas. Las respuestas se acotan estrictamente a lo publicable por norma: competencias, actos públicos y estadísticas; datos nominativos, contenido de expedientes reservados o valoraciones sobre actuaciones ajenas no se ventilan. Además, rige un criterio de derivación por materia: si el pedido involucra actos administrativos, la vía formal es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; si rozara hipótesis penales, la vocería pasa a Fiscalía.

Este rediseño eleva el estándar probatorio, desalienta la búsqueda de atajos y deja preparado el tablero para responder con celeridad y sustento normativo si el caso escala. La consigna puertas adentro resume el nuevo orden: transparencia sí; vulneración de garantías, no.

En el trasfondo que explica el “efecto Aloi” aparece un accidente vial de 2014 en el que resultó gravemente herido Mariano “Tutu” Álvarez y cuya cobertura detonó la campaña #FuerzaTutu. Fuentes y crónicas periodísticas de la época describieron maniobras posteriores controvertidas y un derrotero judicial con idas y vueltas. Una década después, el nombre de Aloi volvió a escena por el acumulado de infracciones de tránsito que le atribuyen publicaciones y registros consultados -excesos de velocidad, uso del celular al volante y cruces en rojo, entre otras-, un inventario que para sus críticos retrata un patrón de conducta más que hechos aislados.

A ese cuadro se suman sus vínculos societarios en el negocio del cannabis medicinal, señalados por múltiples notas y documentos: participación en Ceed2Med LLC y Exactus Inc., y cercanía con inversores estadounidenses como Jamie Goldstein y Scott Levin. La lectura que circula en ámbitos empresariales y jurídicos es que esta arquitectura societaria transnacional -con operaciones entre Estados Unidos, Uruguay y la región- le habría permitido moverse con agilidad entre jurisdicciones, incluso mientras enfrentaba litigios comerciales y reclamos de acreedores. De allí la atención actual del lado uruguayo: distinguir lo que es iniciativa privada legítima de lo que pueda requerir cooperación y control institucional.

Cartas documento y derecho a la información

Mientras Uruguay blinda su procedimiento, familiares de Aloi, aún cuando se dedican al cine y la comunicación, iniciaron en la Argentina una ofensiva de cartas documento a periodistas y medios: exigen bajas de contenidos, rectificaciones en 48 horas, desindexaciones y abstención de futuras menciones, bajo apercibimiento de accionar por calumnias, injurias y daños.

Para las redacciones, ese patrón equivale a un intento de censura previa; la respuesta editorial se apoya en el interés público del caso, el derecho constitucional a la información y los estándares de veracidad y verificación. El nuevo ecosistema uruguayo, con registros y denegatorias fundadas cuando corresponde, reduce el espacio para la intimidación: cada solicitud deja huella y toda negativa se documenta. En síntesis, la Justicia uruguaya ya sabe quién es Aloi y su familia y -si los pedidos formales prosperan- evalúa profundizar la investigación con herramientas de cooperación y control institucional.