El decreto firmado por el jefe de Estado indica que desde el 19 de junio “se han adoptado diversas medidas a efectos de mantener el suministro de agua a la población”. Y que “las últimas precipitaciones en la región permitieron que los cursos y las principales reservas de agua utilizadas para abastecer a la población hayan recuperado parte de su caudal”.

“Por ello, ante el escenario actual, se estima oportuno y conveniente dejar sin efecto” el decreto que dio inicio a la situación de excepcionalidad en Montevideo y las localidades aledañas, dice la resolución firmada por el mandatario, que añade que, de forma consecuente, se determina “el cese de la emergencia hídrica”.

Por la sequía, el Banco de Seguros del Estado pagó 92 millones de dólares

El BSE terminó este mes de abonarle a los productores los seguros por las pérdidas que ocasionó el fenómeno climático.

A raíz de la peor sequía del siglo que le tocó vivir al país, el Banco de Seguros del Estado (BSE) tuvo que pagar un total de 92 millones de dólares a los productores rurales por las cuantiosas pérdidas que ocasionó el fenómeno climático en el sector agrícola.

“Pagamos absolutamente todo”, destacó en conferencia de prensa el presidente del BSE, José Amorín Battle, al resaltar la “espalda ancha” del organismo para hacer frente a una sequía que trajo consecuencias en todos los frentes, pero afectó principalmente al agro.

“Tenemos el 60 por ciento del mercado. Con la seca hubiéramos preferido tener menos, pero ahí estábamos”, expresó un poco en broma y un poco en serio Amorín Battle al anunciar que este mes terminaron de abonar las indemnizaciones a los productores.

De cara al próximo año, el presidente del BSE tiene en mente ampliar la cobertura y rediseñar el seguro. "El año que viene vamos a seguir estando. Es probable que aumentemos el porcentaje de participación, porque el banco tiene que asegurar lo que es la base de la riqueza de Uruguay", expresó.

El impacto económico de la sequía se estima en 2.000 millones de dólares

La sequía generó un fuerte impacto en el agro, pero también se hizo sentir en la vida común de la gente a partir del déficit hídrico que derivó en la crisis del agua. Teniendo en cuenta estas variables, el gobierno estimó que las consecuencias económicas llegarían a los 2.000 millones de dólares.

Un informe de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reveló que las pérdidas directas en el campo llegan a 1.809 millones de dólares. Eso representa “en términos históricos, las mayores pérdidas registradas de las últimas tres décadas”, precisaron desde la cartera dirigida por Azucena Arbeleche en la Rendición de Cuentas.

No obstante, las pérdidas pueden escalar hasta los 2.000 millones de dólares, según anticiparon desde el Ejecutivo. Al acudir ante la Comisión de Presupuesto por la Rendición de Cuentas, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Mattos, detalló que su cartera lleva invertidos al menos 37 millones de dólares en políticas de apoyo a productores.