Por supuesto, Orsi apunta al Partido Nacional, al que acusa (no sin algo de razón) de haber transformado intendencias enteras en cotos de caza para militantes, amigos y familiares. Pero en el Frente Amplio nadie parece recordar que en su propio corral también pastan unas cuantas vacas sagradas puestas a dedo.

El proyecto contempla prohibir designaciones en años electorales, obligar a concursos públicos auditados, e incluso imponer cuotas para colectivos vulnerables. Todo muy inclusivo, todo muy transparente, pero mientras tanto, las intendencias siguen funcionando como reinos de taifas y los acomodos se reparten como pan caliente.

El Congreso de Intendentes, dominado por el Partido Nacional, ya lanzó el grito al cielo. ¿Cómo no? Si el negocio de los favores y los puestitos corre peligro. Alegan “autonomía” municipal, ese escudo que durante décadas sirvió para encubrir la peor corrupción cotidiana: la del “te doy trabajo si me votás”.

Más de 40.000 funcionarios pueblan los gobiernos departamentales, muchos nombrados de manera discrecional. Cada contrato a dedo no solo devora presupuesto, sino que condena a la administración pública a la mediocridad eterna.

Y ahora, de golpe y porrazo, nos quieren vender que todo eso va a cambiar mágicamente con una ley escrita entre café y café en Montevideo.

Orsi intenta dar un golpe de efecto antes de que el desgaste natural lo arrastre. Sabe que el reloj corre, que el sistema lo va a resistir a muerte, y que si no mueve rápido, su gran cruzada va a quedar reducida a otra épica de cotillón.

La verdadera pregunta es si esto es un intento genuino o apenas un nuevo capítulo de esa comedia trágica que es la política uruguaya: mucho discurso y cero transformación real.