Las negociaciones entre el gobierno de Yamandú Orsi y la coalición republicana han alcanzado un punto clave. En un escenario donde lo único que parece importar son los cargos, el gobierno y la oposición están ultimando los detalles para repartir puestos en organismos descentralizados.
Sin embargo, más que un acuerdo de cooperación, el proceso está siendo visto por muchos como un trueque político donde el poder se reparte como si fuera un bien personal.
Según el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, el gobierno tiene la firme intención de que las autoridades actuales en los diferentes directorios sean reemplazadas “lo más rápido posible”.
Pero, ¿acaso todo esto no es solo una maniobra para asegurar puestos estratégicos? Aunque se ofrece un número mayor de cargos de lo que originalmente se había planteado, la verdad es que la cifra parece estar más vinculada a la necesidad del Ejecutivo de mantener el control, que a una verdadera apertura al debate político.
Lo más preocupante es el hecho de que la discusión parece girar únicamente en torno a qué partes se reparten del pastel, dejando de lado las verdaderas necesidades de la administración pública y el bienestar de los uruguayos.
Mientras tanto, el presidente Orsi asegura que el diálogo está avanzando, pero la verdadera pregunta es: ¿está buscando realmente mejorar la gestión del país o solo asegurar el poder en manos de unos pocos?
El presidente de la República ha hecho comentarios sobre la “gran responsabilidad” de los cargos ofrecidos a la oposición, pero a lo que no hace mención es a las graves falencias que se dejan ver en la estructura del gobierno y el debilitamiento de las instituciones de control.
Cuando las negociaciones parecen estar tan centradas en repartir influencias, ¿cómo podemos confiar en que las decisiones que se tomen beneficiarán al pueblo y no a intereses particulares?
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