El senador Daniel Caggiani celebró un supuesto avance del 50 por ciento en las 63 medidas prometidas, sugiriendo que el resto depende de este presupuesto.

Sin embargo, estas cifras suenan a maquillaje político en un contexto de estancamiento económico y creciente inseguridad.

Caggiani destacó tres ejes: desarrollo y trabajo, reducción de desigualdad enfocada en infancias y adolescencias, y combate a la inseguridad.

¿Realidad o espejismo? El crecimiento económico prometido choca con un PIB que apenas crece al 2.1 por ciento según proyecciones recientes, mientras la inflación sigue por encima del 5, erosionando el poder adquisitivo.

Las familias uruguayas, especialmente las más vulnerables, no ven en estas cifras un alivio tangible.

El énfasis en infancias y adolescencias, con iniciativas como el bono crianza y escolar universal, suena bien en el papel, pero ignora la cruda realidad: un 10 por ciento de la población sigue en pobreza, y los recursos prometidos no llegan con la urgencia que requiere.

La universalización del bono escolar y la extensión del tiempo pedagógico, aunque loables, parecen insuficientes frente a un sistema educativo que sigue rezagado y a escuelas con infraestructura deteriorada.

¿Dónde está el plan concreto para esas aulas que se caen a pedazos?

El tercer eje, la seguridad, es quizás el más preocupante. Con una tasa de homicidios de 11.2 por 100 mil habitantes –doble del promedio mundial–, el gobierno promete reducir la letalidad, pero las calles siguen siendo testigo de un aumento del crimen organizado.

Las palabras de Caggiani sobre “flagelos” suenan huecas sin una estrategia clara más allá de más recursos, que podrían diluirse en burocracia o clientelismo, como ya se ha visto en gestiones pasadas del Frente Amplio.

Este presupuesto, presentado con optimismo, parece más un intento de consolidar poder que de responder a las demandas ciudadanas.