El proyecto, que es una de las inversiones más grandes de la historia del país (unos 6 mil millones de dólares), enfrenta además la exigencia de cumplir con requisitos ambientales, ya que fue clasificado como categoría C por la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea).

Pese a las críticas por la falta de celeridad, la planta es vista como una oportunidad histórica para Uruguay.

El proyecto promete generar miles de empleos directos e indirectos en su etapa de construcción, diversificar la matriz energética con producción de hidrógeno a partir de fuentes renovables y posicionar al país como exportador de energía limpia a gran escala. Además, podría atraer inversiones tecnológicas asociadas y fortalecer el desarrollo de infraestructura en la región litoral.

Para Olivera, la falta de agilidad se vuelve crítica: “No es solo con la voluntad… este es el momento para ser diligentes”, dijo, aludiendo a que ya se han cumplido pasos formales pero que el progreso efectivo aún no se siente.