La cifra de ese costo según el Ejecutivo es de 110 millones de pesos, pero que privados elevan a 150 millones de pesos. El objetivo: trasladar esos pesos que los uruguayos no deberán tributar al consumo, impulsando la economía uruguaya sobretodo en sectores como servicios y comercio, que aún no logran repuntar y volver a niveles prepandemia.

Lacalle Pou aseguró que se está “en condiciones de proceder a una reducción de impuestos” gracias a una economía en crecimiento. No obstante, se estima que las previsiones para este año serán corregidas a la baja como consecuencia de la sequía y de una menor demanda de bienes uruguayos desde China.

Las primeras cifras de exportaciones de este año, difundidas por Uruguay XXI la víspera de la presentación del presidente en el Parlamento, dieron cuenta de una caída del 8 por ciento interanual. En el caso de la carne, principal producto de exportación de Uruguay, el derrumbe llega al 21 por ciento.

La rebaja impositiva defendida por el presidente Lacalle Pou –una medida a contramano de la regional de subir la carga tributaria, aunque sea a sectores de mayor poder adquisitivo a grandes industrias, para financiar políticas sociales- podría además tener un impacto en el déficit fiscal en momentos en que el Ejecutivo se planteó como meta reducirlo.

Para este año la meta es del 2,6 por ciento del PBI luego de haber conseguido durante 2022 un descenso al 3,2 desde el 5,8 por ciento que llegó a estar durante la pandemia de Covid-19.

Para cumplirla será necesario compensar la rebaja del IRPF, el IASS y los recortes a pequeñas empresas con un crecimiento económico más rápido que el del año pasado, cuando Uruguay marcó récord de exportaciones en varios rubros, o con un menor gasto público.