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Sin solución

Siguen a las vueltas: el Gobierno acusa a la oposición de tener un acuerdo secreto con Cardama

El conflicto entre el astillero ibérico y la gestión del Frente Amplio no da respiro. (Foto: ChatGPT-IA)

La reciente rescisión del contrato con el astillero español Cardama para la construcción de patrullas oceánicas (OPV) ha reavivado la controversia política en Uruguay. El gobierno y la oposición se enfrentan en un intercambio de acusaciones sobre la gestión que condujo a la firma original del acuerdo.

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, ha sido particularmente crítico con la Coalición Republicana (CR), que estaba al frente del gobierno cuando se concretó el convenio con Cardama.

Díaz insinuó una posible connivencia entre el astillero y la oposición, al señalar la "coincidencia de argumentos" entre las justificaciones presentadas por Cardama y las defendidas por la CR. El jerarca afirmó que "el Estado uruguayo fue engañado" y que existió un "incumplimiento grave" debido a la presentación de una garantía falsa.

Díaz también cuestionó la actitud del dueño del astillero, quien, según él, salió "a ‘gallear’ sin dar explicaciones" en los medios de comunicación, en lugar de "pedir disculpas" al Estado uruguayo por la documentación falsa presentada.

Por su parte, la oposición rechaza la rescisión del contrato y advierte sobre la posibilidad de un costoso juicio internacional. El senador del Partido Nacional (PN), Javier García, quien fuera Ministro de Defensa Nacional durante las negociaciones con Cardama, acusó al gobierno de "no decir toda la verdad". García afirmó que hubo reuniones entre integrantes del gobierno y abogados de Cardama, y sugirió que el gobierno llevó a cabo "acciones irregulares" para boicotear el contrato.

Armando Castaingdebat, también del PN y sucesor de García en el MDN, enfatizó el riesgo de que Cardama recurra a la justicia internacional, lo que podría generar un juicio de varios años y significativos costos para el país.

Desde el Partido Colorado (PC), el senador Andrés Ojeda criticó la falta de información proporcionada por el gobierno, mientras que el diputado Juan Martín Jorge argumentó que, dada la supuesta insolvencia del astillero, la mejor opción habría sido renegociar el contrato, exigiendo una nueva garantía y una rebaja del precio.

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