A esto se suma el inédito atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, el 28 de septiembre: dos sicarios irrumpieron en su vivienda, dispararon contra la fachada y detonaron una granada, un acto de intimidación que las autoridades vinculan directamente al clan de los Albín, aliados del prófugo narco Sebastián Marset.

Ferrero, quien ya había recibido amenazas por su rol en operativos antidrogas, escapó ilesa, pero el impacto emocional en su familia y en la Justicia es devastador.

La fiscal de Homicidios, Mirta Morales, lo califica como un "turno extremadamente violento", mientras el jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito, habla de una "epidemia de violencia generalizada" que invade todos los rincones: capital, Minas y Barra de Valizas.

Los homicidios se reparten como un mapa del caos: balaceras en barrios humildes, venganzas entre bandas como Los Albín y Los Colorados, y un Estado paralizado.

La Fiscalía General clama por más seguridad para sus equipos, recordando que son el "muro de contención" contra el crimen organizado, pero ¿dónde está la respuesta del Ejecutivo?

En agosto, un megaoperativo incautó 2.200 kilos de cocaína ligada a Marset, pero en lugar de desmantelar redes, desató represalias.

El ministro del Interior, Carlos Negro, jura que "no nos moverán un centímetro", pero las detenciones son tibias y las pistas sobre autores intelectuales tardan en fructificar.

La OEA condena el atentado y respalda la investigación, pero Orsi convoca reuniones urgentes que parecen más show que acción.

La oposición –Partido Nacional y Colorado– exige la renuncia de Negro y un plan real de seguridad, no discursos vacíos.