El niño ingresó en abril de 2024 al block quirúrgico para someterse a una lobectomía pulmonar endoscópica, un procedimiento que, según relataron sus padres, fue presentado como de bajo riesgo. La intervención se extendió durante cerca de ocho horas, muy por encima del tiempo previsto, sin que la familia recibiera información clara sobre las dificultades que surgieron.

Al finalizar la cirugía, la madre del bebé, Bibiana Carreño, recibió un mensaje del equipo médico que aseguraba que “todo estaba bien” y que el niño sería trasladado a sala común. Sin embargo, minutos después le informaron que había ocurrido un “pequeño sangrado” que obligó a realizar una incisión mayor. En la historia clínica no se registraron eventos adversos y Manuel fue derivado a terapia intensiva.

Ese sangrado, minimizado inicialmente por los profesionales, derivó en una hemorragia pulmonar severa. El bebé falleció el 9 de abril de 2024 a causa de la gran cantidad de sangre perdida.

Los padres denunciaron que nunca fueron advertidos de que la técnica quirúrgica elegida era altamente delicada y contaba con escasos antecedentes en Uruguay. Manuel había nacido con una malformación congénita en el pulmón izquierdo y los médicos recomendaron extirpar el lóbulo afectado para evitar futuras complicaciones.

El cirujano a cargo —presentado como especialista en cirugía torácica pediátrica— optó por un procedimiento mínimamente invasivo, que prometía una recuperación rápida. Sin embargo, durante la operación surgieron problemas de visibilidad en el campo quirúrgico. Pese a ello, los médicos insistieron durante varias horas con el mismo método.

Una pericia incorporada a la causa concluyó que la demora de entre cuatro y cinco horas en cambiar la técnica “prolongó innecesariamente el tiempo operatorio” y expuso al bebé a un período anestésico “excesivamente prolongado” para su edad. Esa decisión provocó un sangrado significativo en la vía aérea que resultó fatal.

En su dictamen, la fiscal Sylvia Lovesio sostuvo que la muerte de Manuel se produjo por “imprudencia, impericia y negligencia” de los cirujanos, al transformar una intervención de bajo riesgo en un desenlace trágico. Ambos profesionales deberán cumplir medidas cautelares mientras avanza la investigación judicial.