La tasa —de 2,10 dólares más IVA por pasajero que ingrese o salga del país por vía marítima o fluvial— fue creada el 31 de enero de 2024 con el argumento de financiar el Sistema Integral de Gestión Migratoria (Sigmu). Sin embargo, desde el primer momento generó resistencias no solo en el sector privado, sino también dentro del propio Poder Ejecutivo de aquel entonces.

Tanto el exministro de Turismo, Tabaré Viera, como el viceministro de Transporte, José Olaizola, se desmarcaron públicamente de la iniciativa, dejando en evidencia una llamativa falta de coordinación interna.

A casi dos años del decreto, el escenario no cambió sustancialmente. Buquebus y Colonia Express continúan rechazando el cobro de la tasa, advirtiendo que implica un incremento directo en sus costos operativos y que los coloca como agentes de retención de un gravamen cuya legalidad está en discusión. Las empresas sostienen, además, que se vulnera el principio de igualdad de las cargas públicas, ya que se les impone una obligación que no recae sobre otros actores vinculados al control migratorio.

El conflicto también sigue abierto en el plano judicial. En julio de 2024 se presentaron recursos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para impugnar la tasa, bajo el argumento de que se creó una obligación tributaria por decreto y no por ley, en contradicción con lo que establece el artículo 10 de la Constitución. Aun así, el gobierno de Orsi opta por mantener vigente una norma que no solo carece de aplicación práctica, sino que podría terminar siendo anulada.

Desde el Ejecutivo se minimiza el impacto del impuesto. Caram afirmó que el costo adicional “no modifica la decisión de los viajeros” y lo comparó con otras tasas turísticas existentes en el mundo. Sin embargo, la comparación resulta forzada cuando el problema de fondo no es el monto, sino la forma en que se impuso la medida, la falta de diálogo con el sector afectado y la persistencia de un esquema jurídico endeble.

Al sostener sin modificaciones una tasa heredada, polémica y judicializada, el gobierno de Yamandú Orsi parece optar por la continuidad automática antes que por una revisión política de fondo. Lejos de inaugurar una nueva etapa, la decisión refuerza la sensación de que se arrastran viejos conflictos sin resolver, trasladando costos e incertidumbre a un sector clave para el turismo y la conectividad regional.