El crecimiento de la cifra de homicidios en Uruguay, que el mismo presidente Luis Lacalle Pou asoció "al negocio del narcotráfico", enciende nuevas alertas en el país.
"Estamos viendo una violencia muy vinculada al negocio del narcotráfico, una violencia entre bandas", sostuvo el presidente en diálogo con la prensa hace un par de semanas, y agregó que desde el Gobierno estaban "tratando de hacer prevención" pero aclaró que "es muy difícil cuando se trata de este tipo de homicidios".
Penalista asegura que ocurren homicidios con características "nada habituales" en Uruguay.https://t.co/8TC8SZkxwD
— Subrayado (@Subrayado) September 12, 2022
En tanto, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, enfatizó que gran parte de los asesinatos registrados en el país "son producto de las disputas territoriales" de las bandas de narcotráfico.
Solo en agosto, Heber informó que hubo 34 asesinatos, mientras que el opositor Frente Amplio dijo que fueron 41.
En los últimos 17 años, según el Observatorio Nacional Sobre Violencia y Criminalidad, hay una tendencia en aumento casi sostenido de los homicidios.
Al comparar el primer semestre de este año con los primeros seis meses de 2021 se constata un aumento del 39 por ciento.
La Ley de Urgente Consideración (LUC) -texto insignia de la gestión de Lacalle Pou sancionado en 2020 y compuesto de 476 artículos- prometió, entre otras cosas, ser un nuevo marco penal, facilitar el control del lavado de activos e introducir cambios respecto al accionar policial, que redundarían en mayor seguridad ciudadana, pero los especialistas alertan sobre efectos contrarios.
El debate sobre las responsabilidades políticas frente a estos delitos se actualizó en Uruguay por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset mientras se encontraba detenido en Dubai en 2021, lo que permitió que quedara libre y ahora se encuentra prófugo con pedido de captura internacional.
El caso llevó a que la oposición convocara el mes pasado a Heber y al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, al Senado para que den explicaciones.
Esta semana vence un pedido de información pública a Cancillería con el que la oposición busca obtener respuestas que no fueron saldadas durante la interpelación.
Además del proceso político, en la comparecencia parlamentaria desde la oposición enviaron información a la Fiscalía para que se "investigue la posibilidad de que se haya violentado alguna norma legal".
